Contenido de demostración, no real. Este artículo es un ejemplo para mostrar cómo se verán las novedades; no es un análisis de Adán López Blanco ni constituye asesoramiento jurídico.
Multas de organismos reguladores: qué preparar antes de llevarlas al Poder Judicial
El proceso contencioso-administrativo permite revisar judicialmente una sanción, pero su resultado depende en gran parte de lo que se hizo durante el procedimiento administrativo.
En sectores regulados como el eléctrico o el de la salud, las empresas conviven con la potestad sancionadora de organismos que fiscalizan, instruyen y sancionan. Cuando una multa se considera indebida, el proceso contencioso-administrativo es la vía para que un juez revise la legalidad de la decisión.1
Sin embargo, el resultado de esa revisión judicial se decide en buena medida antes de llegar al juzgado.
El expediente administrativo es la base del juicio
El juez examina la actuación de la Administración a partir del expediente del procedimiento. Los argumentos que no se plantearon, las pruebas que no se ofrecieron y las observaciones que no se formularon en su momento serán, en el mejor de los casos, más difíciles de hacer valer después.
Por eso conviene tratar el procedimiento sancionador como la primera fase del litigio, y no como un trámite previo:
- responder a la imputación de cargos con una defensa completa, no solo con descargos formales;
- ofrecer la prueba técnica pertinente cuando la discusión lo exija;
- dejar constancia de los vicios del procedimiento en el momento en que se produzcan.
Los principios de la potestad sancionadora
La Ley del Procedimiento Administrativo General reconoce principios propios de la potestad sancionadora, entre ellos los de legalidad, tipicidad, debido procedimiento, razonabilidad y culpabilidad.2 En la práctica, son el mapa de los argumentos posibles: si la conducta estaba tipificada como infracción, si la sanción guarda proporción con ella, si se respetaron las garantías del procedimiento o si la responsabilidad se atribuyó correctamente.
Identificar desde el inicio cuáles de esos principios están en juego permite orientar la defensa administrativa hacia lo que después podrá discutirse con fuerza ante el juez.
Agotar la vía administrativa, y a tiempo
Como regla general, para acudir al proceso contencioso-administrativo es necesario haber agotado antes la vía administrativa, con las excepciones que prevé la ley. La demanda debe presentarse, además, dentro del plazo legal que corre desde la notificación de la decisión que se impugna. Un error en cualquiera de esos dos puntos puede cerrar la vía judicial con independencia de la razón que se tenga en el fondo.
La multa mientras dura el proceso
Presentar la demanda no suspende por sí sola la ejecución de la sanción. Cuando su pago o su cobranza pueden causar un perjuicio relevante mientras se discute su validez, cabe solicitar una medida cautelar. Para concederla, el juez valorará, entre otros aspectos, la apariencia del derecho invocado y el peligro que supondría esperar a la sentencia. De ahí la importancia de que la demanda muestre desde el primer escrito la solidez del caso.
Una revisión temprana
Para un departamento legal en un sector regulado, la recomendación es práctica: revisar cada procedimiento sancionador relevante con la mirada puesta en su eventual revisión judicial. Qué se discute, qué se prueba y qué queda documentado en el expediente determinan, en gran parte, lo que un juez podrá hacer después.